Por último, el artículo 92 de la LOTC, desde su reforma en el año 2007, establece un completo procedimiento para la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional, que puede reclamar el auxilio de todos los poderes públicos, e incluso imponer graves sanciones pecuniarias y suspender a las autoridades y funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones en el caso de incumplimiento de sus sentencias.
Contra las sentencias del Tribunal Constitucional sólo cabe interponer Recurso de Aclaración (se aplican supletoriamente la L.E.C y la L.O.P.J.), o demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el plazo de seis meses desde la sentencia desestimatoria o la providencia de inadmisión, en lo cual también es especialista AMPARO LEGAL ABOGADOS, que incluso ha obtenido sentencias favorables en ese Tribunal, cuyas sentencias son vinculantes para España.